Asociación Española de Mujeres Juristas 

Historia de la Asociación

Como consecuencia de lo tratado en este periodo preparatorio, en julio de 1971 se creó la Asociación Española de Mujeres Juristas, bajo la presidencia de María Telo Núñez.

Los fines de esta Asociación son el estudio del Derecho, especialmente aquél que afecte directamente a la mujer o a la familia; promover la adecuación de normas legales a la época actual, y la promoción de la mujer, dentro de sus respectivas profesiones, y particularmente de las tituladas en Derecho. En 1976 se organizó el I Congreso Internacional de Mujeres Juristas que tuvo lugar en Madrid, del 13 al 16 de diciembre.

Por otro lado, María Telo perteneció a varias asociaciones y organizaciones nacionales e internacionales que tenían entre sus fines la defensa de los derechos de las mujeres. A finales de los años cincuenta ingresó en la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas (FIMCJ) y en 1969 organizó el Consejo anual de dicha federación en Madrid. La ponencia de María Telo, bajo el título «La mujer en el derecho civil», analizó la situación de inferioridad jurídica de las mujeres españolas. Esta ponencia tuvo gran repercusión. En ese Consejo se conocieron varias abogadas que decidieron crear la Comisión de Estudios dependiente de la FIMCJ, con el objetivo de «estudiar las conclusiones acordadas en el Consejo y reivindicarlas ante las autoridades correspondientes».

Mantuvieron contacto con las máximas autoridades en materia jurídica del país y personalmente con el Jefe del Estado.

El 23 de diciembre de 1972 se le comunicó la constitución, en el seno de la Comisión General de Codificación, de una “sección especial, para el estudio de las incidencias que los cambios sociales pueden haber producido en el Derecho de familia” y la formulación, en su caso, de las correspondientes propuestas. María Telo fue nombrada junto a tres mujeres más para formar parte de dicha Comisión. Los trabajos culminaron con la promulgación de la ley de 2 de mayo de 1975 que devolvió a la mujer su capacidad plena de obrar al eliminar la obediencia al marido, la licencia marital y todas las discriminaciones por razón de sexo excepto dos, la patria potestad conjunta y la administración conjunta de los bienes gananciales.

En un artículo publicado en ABC, constan las declaraciones de la fundadora que se pronunció en estos términos:

“Cuando en septiembre de 1969 yo inicié la lucha por liberar a la mujer de las cadenas jurídicas, su situación era tan vejatoria y alienante dentro de la familia, con proyección en lo público, que había artículos como el 1263, que situaba a la mujer casada entre los menores, los locos o dementes y los sordomudos que no sabían leer ni escribir. El artículo 57 obligaba a la mujer a obedecer al marido y la licencia marital era como su sombra para todos los actos de la vida. Sin licencia, prácticamente, la mujer sólo podía hacer testamento”.

Autora del libro “Mi lucha por la igualdad jurídica de la mujer”, en los años 50 inició sus acciones en favor de la mejora de la situación jurídica de las mujeres y mantuvo fluida correspondencia con Clara Campoamor.

Su obra jurídica y política fueron decisivas para la reforma del Código Civil. La patria potestad conjunta y la administración conjunta de los bienes gananciales, fueron objeto de la ley de 13 mayo de 1981 sobre «Filiación, patria potestad, y régimen económico matrimonial», en cuyo estudio María Telo participó activamente en la Comisión General de Codificación. Igualmente tuvo una destacada participación en los estudios previos a la aprobación de la ley de 7 de julio de 1981 sobre «Clases de matrimonio, separación, nulidad y divorcio». Siguió perteneciendo a la Comisión General de Codificación como Vocal Permanente durante varios años más.

Desde 1982, como Secretaria de la Lengua Española de la Federación Internacional de Mujeres Juristas, promovió la creación de siete Asociaciones de Mujeres de Carreras Jurídicas, incardinadas en Puerto Rico, Perú, Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil y Chile.

El 10 de junio de 2008, en el acto de investidura como doctora honoris causa, afirmó que la desigualdad subsiste, situando la raíz de este problema en que los roles que el hombre y la mujer desempeñan dentro de la familia, son desiguales «y sus consecuencias se proyectan en el mercado laboral, en la ocupación de puestos de poder, de decisión y de responsabilidad, etc.». Aludió a la doble jornada, los trabajos a tiempo parcial o de horario flexible de distinta naturaleza asegurando que este sistema “arruinaba” la formación de las mujeres.

La jurista, que había logrado modificaciones importantes del Derecho de Familia, terminó su discurso enunciando lo que según ella es el reto del siglo XXI, no sin antes apelar a gobernantes, empresarios y sindicatos, de quienes dijo que «debieran tomar conciencia, a nivel mundial de la necesidad de un cambio en la producción. En la mentalización está el reto del siglo XXI, —dijo— y en conseguirla debe involucrarse la mujer, exigiendo de los gobiernos medidas adecuadas y sanciones duras para los que las incumplan».